Caso gürtel

Las reacciones

El entorno de Camps liga su futuro a que se admita su recurso y no haya juicio

Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana. | Efe

 "Resistir es vencer", pero no siempre y no en todas las circunstancias. A Negrín no le valió la consigna. A Francisco Camps puede que tampoco. El presidente de la Generalitat Valenciana vivió el lunes otro día en el infierno, pese al envío urgente del salvoconducto de Génova con la voz de Cospedal.

Se encerró en su despacho rodeado de su entorno más directo, con su abogado Javier Boix muy cerca. Arropado en lo personal -se vio con la alcaldesa Rita Barberá-, respaldado en lo político, pero también solo en la decisión de hasta cuándo aguantar en el cargo.

La imagen de Camps sentado en el banquillo causa verdadero estupor en la Generalitat, hasta el punto de que dirigentes del PP creen que el presidente podría tirar la toalla antes de llegar ese momento.

Fuentes de su entorno más directo aseguraron el lunes que tienen la esperanza de que pueda prosperar el recurso para evitar un desenlace precipitado. Se basan especialmente en la versión de José Tomás, conocido como 'El sastre', que se da en todo momento por buena pese a las denuncias de su ex empresa 'Forever Young'

TRIBUNALES | Caso Gürtel

El auto del TSJ revela que Camps no pudo probar el pago en metálico de sus trajes

Francisco Camps, durante la inauguración de la nueva planta del Clínico. | Benito Pajares

• El juez Flors desvincula el regalo de esos trajes a otras contraprestaciones
• Recoge la 'intranquilidad' de los implicados tras destaparse conversaciones
• No encuentra 'enemistad, odio o venganza' en la declaración de José Tomás

El juez que instruye la rama valenciana del denominado 'caso Gürtel' no tiene constancia de que Francisco Camps, presidente de la Generalitat Valenciana, pagara sus trajes "en caja y en metálico", tal y como afirmó en su declaración el pasado 20 de mayo.

El auto que ha dictado este lunes el juez Flors recoge todos los hechos vinculados a la imputación de Camps por un presunto delito de cohecho y asegura que en 2006 el presidente valenciano encargó cuatro trajes a medida al sastre José Tomás, nombrado desde ese verano director de la cadena de tiendas 'Forever Young'. "Por los tres primeros trajes se generó en la tienda un recibo de venta pendiente de cobro (...) por valor de 2.160 euros con la indicación 'CAMPS Nuevo Cliente' y por el cuarto traje otro recibo de igual clase, con fecha 4 de noviembre de 2006, por valor de 720 euros, con la misma indicación. El Sr. Camps Ortíz admitió el encargo de ese número total de trajes a medida, datando su recepción en diferentes fechas. No existe constancia de que su precio fuera abonado en caja y en metálico en el momento de recoger cada uno de aquellos trajes, como afirmó el Sr. Camps en su declaración", reza el auto.

El juez expone, sin embargo, que el pago pendiente de esta operación se canceló junto a una deuda mayor por la empresa 'Servimadrid Integral, S.L.', vinculada a Orange Market y Special Events y propiedad de Francisco Correa.

El juez asegura que los "documentos de pago en efectivo" que aportó la tienda no se correspondían "ni con el número de prendas, ni con el género del tejido que aparece en las hojas del encargo, ni con la cualidad de trajes a medida". Asegura también que las fechas de pago que aparecen en esos documentos no coinciden con las que dio Camps.

"Según parece desprenderse de las diligencias de investigación practicadas hasta ahora", los imputados "resultaron beneficiados por la recepción de las prendas de vestir cuyo precio pagó un tercero", indica el magistrado.

El auto desvincula el pago de esos trajes a otras contraprestaciones y asegura que la finalidad de los regalos "no era otra que la de lograr el agasajo o provocar la complacencia" de Camps y Costa o "poder contar con su gratitud o con su favor".

Asimismo, el auto señala que tampoco existe constancia de que el resto de imputados abonara el precio de las prendas que recibieron "directa ni indirectamente" al establecimiento vendedor, "y sí la hay en cambio" de que los importes fueron pagados "mediante la entrega de dos cheques librados contra la cuenta de Orange Market".

El magistrado destaca además la "patente preocupación" que mostraron el secretario general del PPCV, Ricardo Costa, el responsable de Orange Market y el sastre José Tomás, en unas conversaciones telefónicas mantenidas justo después de que este último fuera citado por la Fiscalía para declarar.

Esta cadena de conversaciones evidencia la "intranquilidad" de todos ellos "porque se descubra lo que estos hechos significan, su afán por reunirse para buscar una salida" y convenir "un modo de arreglarlo", así como su "inquietud" por "la trascendencia del hecho" debido a la "relevancia política de las personas implicadas".

En cuanto a la declaración de José Tomás, el magistrado señala que de ella "no se desprende ningún sentimiento de enemistad, odio o venganza" hacia los imputados, y de sus actuaciones no se advierte "malevolencia o por animadversión" del sastre.

"Es más -añade-, tras reiterar que no le movía otro impulso que el de contar la verdad, dijo que tenía en gran consideración a alguna de esas personas (concretamente, el señor Camps)".

CASO GÜRTEL | También siguen como imputados Costa, Campos y Betoret

El juez ve 'indicios de delito' para abrir juicio oral contra Francisco Camps

Camps durante la inauguración de la Unidad de Investigación de la Facultad de Medicina. | Efe

• La defensa del presidente de la Generalitat recurrirá el auto del TSJ

El juez que instruye la rama valenciana del caso Gürtel, José Flors, ha dictado este lunes un auto por el que decreta el fin de las diligencias previas y en el que concluye que existen "indicios racionales de delito". La defensa del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y de los otros tres 'populares' imputados ya han anunciado que recurrirán esta resolución.

En la práctica, el magistrado instructor continua con el procedimiento abierto contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, el 'número dos' del PP valenciano, Ricardo Costa, el ex vicepresidente del Consell, Víctor Campos, y el jefe de protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret, por un presunto delito de cohecho.

En el auto, el magistrado sostiene que no ha lugar al archivo de la causa ya que existen "suficientes indicios" de que los hechos denunciados (los supuestos trajes regalados por empresas de la trama de Francisco Correa) pudieran ser constitutivos de delito.

Asimismo, Flors ha citado a las partes el próximo día 15 a las 10.30 horas, de acuerdo con el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado. En esta comparecencia, las acusaciones deberán concretar la imputación y las defensas podrán presentar las alegaciones que estimen oportunas o incluso el archivo de la causa. Todas las partes podrán solicitar nuevas diligencias de investigación.

La resolución, en cualquier caso, no es definitiva y puede ser recurrida en apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. De hecho, fuentes cercanas al presidente Camps ya han anunciado que recurrirán el auto.

Fuentes del TSJ han señalado que las actuaciones del proceso penal serán secretas para el público hasta el momento en que se abra el juicio oral, si es que finalmente se produce este hecho.

Cuatro meses de 'Gürtel'

Camps y otros tres 'populares' valencianos están implicados en el caso 'Gürtel' desde que el pasado 5 de marzo, el juez Garzón se inhibiera de la trama valenciana en favor del TSJ.

En el auto, pedía que se investigara a Francisco Camps y Ricardo Costa (ambos aforados) por haber recibido varios trajes supuestamente pagados por Orange Market, empresa gestionada por Álvaro Pérez 'El Bigotes'. Además, sugería que el PP valenciano recibió 420.000 euros por favorecer a una empresa de Francisco Correa, un extremo que finalmente no fue estimado por el tribunal valenciano.

De hecho, el TSJ eliminó las referencias a los posibles delitos de financiación ilegal y tráfico de influencias, y tan sólo ha mantenido el de cohecho. Desde el pasado mes de mayo, Flors ha tomado declaración a los cuatro imputados, así como un gran número de testigos, entre ellos, 35 altos cargos de la Generalitat Valenciana.

Desde entonces, el magistrado ha solicitado pruebas periciales y documentación a las partes. La agenda oficial del presidente es una de las últimas reclamaciones. Con ello, Flors pretendía comprobar si Camps viajó a Madrid para pagar los trajes en efectivo en las fechas que mencionó durante su comparecencia.

INVESTIGACIÓN | Operación Gürtel

Quién es quién en la trama de corrupción

elmundo.es | Madrid

El 'caso Gürtel' es la investigación de una presunta trama de corrupción liderada por Francisco Correa que afecta a varios cargos del PP. El caso tiene tres ramas. Una en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid -con tres diputados autonómicos del PP acusados-, otra en el TSJ de la Comunidad Valenciana -donde están implicados el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el secretario del PP valenciano, Ricardo Costa- y la última en el Tribunal Supremo, donde se investiga al tesorero nacional del PP y senador, Luis Bárcenas, y el diputado nacional Jesús Merino.

Francisco Correa: Este empresario detenido es el presunto líder de la trama de corrupción. Ha intentado durante años hacerse un hueco en el entorno del PP. Con amigos y enemigos en el partido, la investigación demuestra que se jacta de una presunta buena relación con sus dirigentes para conseguir contratos. En las grabaciones, llega a decir que llevó dinero al tesorero del partido a la sede de la organización y a su casa. Fue uno de los 25 testigos de la boda de Alejandro Agag y Ana Aznar.

Luis Bárcenas. El tesorero nacional del PP y senador por Cantabria está investigado por el Tribunal Supremo como aforado nacional. La resolución del Supremo indica que existen elementos indiciarios que parecen apuntar a delitos contra la hacienda pública y de cohecho. Declaraciones sumariales que acreditarían la estrecha relación entre Bárcenas y Correa; anotaciones contables que reflejan entregas de fondos y reparto de dinero; investigaciones tributarias y del entramado mercantil creado en paraísos fiscales... La Fiscalía del Tribunal Supremo cree disponer de una sólida base indiciaria para implicar al tesorero nacional del Partido Popular en la trama de corrupción. En su día, el juez Garzón acusaba a Bárcenas de recibir 1.353.000 euros de la trama de Correa.

Luis Bárcenas, tesorero del PP y senador por Cantabria, ha acumulado en los últimos años un patrimonio inmobiliario valorado en unos 3,3 millones de euros. Todos esos inmuebles -en el madrileño barrio de Salamanca, en Guadalmina (Marbella) y en Baqueira Beret- han sido pagados al contado.

Jesús Merino. Es diputado nacional del PP y, al igual que Bárcenas, está siendo investigado por el Supremo. En su caso, el alto tribunal tiene indicios de cohecho. Forma parte del equipo de Soraya Sáenz de Santamaría en el Congreso. Es encargado de coordinar las comisiones.

Francisco Camps. Barón del Partido Popular y presidente récord en la Comunidad Valenciana, donde encadena ya dos mayorías absolutas, es (por ahora) una de las piezas intocables para el partido. Su apoyo explícito a Mariano Rajoy durante el último Congreso Nacional le ha garantizado el respaldo del PP en el peor trago de su carrera política. Camps está imputado por un presunto delito de cohecho. El TSJ de Valencia investiga desde el pasado 5 de marzo si el presidente valenciano recibió o no trajes por valor de 12.000 euros pagados por Orange Market, filial de la empresa 'Special Events' de Francisco Correa. Su enlace era Álvaro Pérez 'El Bigotes', descubierto como su "amiguito del alma" tras desvelarse la grabación policial de una conversación entre ambos.

Camps declaró el pasado 20 de mayo ante el juez José Flors, magistrado instructor del caso en el TSJ de Valencia, y salió "plenamente satisfecho". Tras él declararon 35 altos cargos y funcionarios de su gobierno para conocer si la Generalitat Valenciana benefició a 'El Bigotes' en la adjudicación de contratos públicos.

Ricardo Costa. Es la mano derecha de Francisco Camps en el PP valenciano, secretario general del partido y portavoz en las Cortes. Nacido en Castellón y hermano del ex ministro Juan Costa, parecía una de las figuras emergentes del PP hasta que estalló Gürtel. Según el auto preparado por Garzón antes de inhibirse en favor del TSJ de Valencia, Costa adquirió trajes en diferentes tiendas de ropa por un importe de 7.325 euros que fueron pagados por Orange Market, empresa gestionada por 'El Bigotes'. Garzón imputó también a Víctor Campos, ex vicepresidente de la Generalitat, y al ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo y actual jefe de protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret.

Alberto López Viejo. La implicación en la trama de 'Gürtel' no es la primera mancha en el expediente de Alberto López Viejo, cuyo último cargo en la Comunidad de Madrid como responsable de la consejería de Deportes terminó abruptamente cuando brotaron las primeras sospechas sobre el consejero de Aguirre. Ya había sido parte de asuntos turbios en su etapa como concejal del Ayuntamiento de Madrid con Álvarez del Manzano. Por todos sus trabajos para la organización de eventos de la empresa de Correa percibió unos 563.000 euros, según el auto de imputación del magistrado Garzón. Su caso, al igual que el de Martin Vasco y Bosch, está en el TSJ de Madrid.

Benjamín Martín Vasco. Diputado autonómico de Madrid por el PP. Fue presidente de la Empresa Pública Sociedad de Fomento de Arganda del Rey de 1997 a 1999. El auto de Garzón le acusa "de labores de intermediación en la adjudicación de proyectos urbanísticos desarrollados en ese Ayuntamiento, así como la percepción de notables cantidades de dinero de personas relacionadas con sociedades favorecidas por esa adjudicación".

Alfonso Bosch Tejedor. También es diputado autonómico de Madrid por el PP. Cuando desempeñaba su cargo de Gerente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte (Madrid), "percibió importantes cantidades que podrían tener relación con la adjudicación de contratos a empresas del entramado societario de Francisco Correa (presunto líder de la trama de corruptelas), favorecidas por la intermediación de aquél".

Pablo Crespo Sarabis. Fue el secretario de Organización del Partido Popular de Galicia hasta 1999. Coincide en varias empresas con otros de los imputados en el caso, entre otras, con Special Events o Pasadena Viajes (contratadas por varios ayuntamientos del PP, entre otros los de Boadilla de Monte y Majadahonda). Fue uno de los primeros detenidos en la operación de la Audiencia Nacional contra la trama de corrupción que actuaba vinculada al PP.

Arturo González Panero. El ya ex alcalde de Boadilla del Monte es frecuentemente citado en las grabaciones de Francisco Correa, al que implica directamente. Desde que es alcalde (1999), el rico municipio del noroeste madrileño ha disparado su población y el precio de su suelo. Desde entonces también se han disparado los rumores sobre supuestas adjudicaciones irregulares y un presunto enriquecimiento no relacionado con su cargo.

Guillermo Ortega. El ex regidor de Majadahonda, otro rico municipio del noroeste madrileño, era hasta hace dos días gerente de la empresa pública de la Comunidad de Madrid Mercado Puerta de Toledo. Su gestión está llena de denuncias, sobre todo relacionadas con la venta de una parcela municipal a muy bajo precio. Su jefa de gabinete cuando estaba al frente de la Alcaldía es la mujer de Francisco Correa, que fue detenida el viernes.

María del Carmen Rodríguez. Esposa del presunto cabecilla de la trama y ex jefa de gabinete del alcalde de Majadahonda. Ha asegurado ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que no tiene trato con su marido porque está en proceso de separación desde hace cuatro años, y que desde 2001 está desvinculada de sus empresas. Garzón ha optado por dejarla en libertad con comparecencias mensuales, pese a que las fiscales han pedido que comparezca semanalmente.

Alvaro Pérez Alonso. Responsable de Orange Market, una empresa que fue contratada en repetidas ocasiones por el PP de Valencia y por el Gobierno de la Generalitat de esa comunidad autónoma. Conocido como 'El Bigotes' está casado con una ex 'mammachicho' y está emparentado con Adrés Pajarés. Presumía de trajes a medida, casas lujosas, habanos y motos exclusivas.

José Luis Ulibarri. Presidente de Grupo Begar, un 'holding' empresarial con participación en más de una treintena de sociedades que abarcan desde la construcción a la comunicación, terreno en el que Ulibarri destaca como uno de los mayores empresarios castellanoleoneses. Su última aventura es Televisión Castilla y León, una nueva sociedad que acaba de ponerse en marcha. Su grupo da trabajo a 9.000 empleados distribuidos en 30 empresas y facturó el pasado año 680 millones de euros.

Ramón Blanco Balín. Ex consejero delegado de Repsol y ex directivo del Banco Zaragozano, NH Hoteles, Ercros, Barclays Bank o la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH), entre otras. Actualmente, es socio o apoderado de más de 40 empresas, informa Europa Press.

Pablo Collado Serra. Mientras que los 'populares' gobernaron en Baleares, ocupó el puesto de gerente de la Fundación Baleares Sostenible. Antes, fue presidente de Joves Empresaris de Baleares y de la Asociación de Jóvenes Empresarios a nivel nacional. Collado trabaja para una de las empresas investigadas, Easy Concept.

José Javier Nombela. Es asesor del concejal del distrito de Moncloa-Aravaca, del equipo de Alberto Ruiz-Gallardón en el Ayuntamiento de Madrid. En Facebook aparece como amigo de multitud de dirigentes 'populares', como el actual vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons.

Manuel Delgado Solís. Ex alto cargo de la Universidad Complutense de Madrid cuando Gustavo Villapalos, vinculado al PP, ocupó el Rectorado.

Jacobo Gordon. Ex socio y amigo de Alejandro Agag, yerno de Aznar. Ha sido administrador de la sociedad inmobiliaria Castano Corporate.

Guillermo Martínez Lluch. Director de Bancaja en Miami y consejero de Bancaja Eurocapital.

Jesús Sepúlveda. El hasta hace poco alcalde de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda, ha protagonizado uno de los episodios más escandalosos del 'caso Gürtel'.

Este periódico ha desvelado que el presunto cerebro de la trama, Rafael Correa, le regaló un majestuoso Jaguar valorado en 52.190 euros. Por aquel entonces Sepúlveda era secretario electoral del PP y estaba casado con Ana Mato.

El auto del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón desvelaba que la relación del 'popular' con Correa le habría reportado al menos 422.992 euros, un todoterreno y una pantalla de plasma.

Tiempo antes de convertirse en alcalde de la localidad madrileña de Pozuelo, Sepúlveda se encargaba de organizar eventos para el Partido Popular y fue quien propuso que la empresa de Correa llevara la organización de los eventos 'populares', según el auto de Garzón.

José y Ricardo Galeote. También aparecen como imputados José Galeote y Ricardo Galeote, ambos padre y hermano del eurodiputado Gerardo Galeote, implicado inicialmente por la Garzón en la trama.

Entre padre y hermano la cantidad embolsada se acerca a los 700.000 euros. El primero de ellos, 12 años concejal de Boadilla y desde 2004, gerente del Consorcio Deportivo y de servicios de la zona noroeste de Madrid percibió 612.506 euros, mientras que el segundo, concejal del Ayuntamiento de Estepona, logró, según la resolución judicial, embolsarse 42.469 euros.

José Tomás, 'el sastre'. Era el sastre de la empresa Forever Young, la cadena de ropa que supuestamente sirvió trajes pagados por Orange Market a Camps, quien le tomaba medidas en el hotel Ritz de Madrid. Ha ido ofreciendo diferentes versiones de su relación con 'El Bigotes' y el presidente valenciano, aunque el día que declaró como testigo en el TSJ de Valencia ratificó la versión apuntada previamente ante Garzón. Según él, fue Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP en Galicia y socio de Francisco Correa, el que pagó los trajes. Tomás fue despedido de Forever Young el pasado 11 de febrero.