SE APRUEBA EL PROYECTO DE REFORMA

Aprobada la ley que quiere abaratar la creación de comercios

• Las grandes superficies consideran la norma como una oportunidad perdida

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. | Efe

Europa Press

Madrid.- El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de reforma de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, que hará "más fácil y barato" abrir un comercio en España, según ha afirmado la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.

De la Vega ha remarcado que la norma elimina con carácter general las autorizaciones administrativas y simplifica los trámites.

En la rueda de prensa posterior al consejo, la vicepresidenta ha explicado que la modificación responde al propósito de adaptar la normativa a los objetivos que establece la Directiva Europea de Servicios en el mercado interior, que "impone la eliminación de trabas injustificadas a la libertad de establecimiento y de prestación de servicios".

De la Vega destaca del proyecto de ley, que cuenta con el informe favorable del Consejo de Estado, la eliminación de la inscripción obligatoria del inicio de la actividad en los registros de ventas a distancia y de franquiciadores y la clarificación de la venta ambulante.

"Las comunidades autónomas establecerán un procedimiento de autorización que integrará todos los trámites necesarios cuando así lo exija específicamente un sector determinado", explica.

Con esta ley, el Gobierno "continúa liberalizando el sector servicios, se garantiza el equilibrio entre diferentes modelos comerciales y se satisfacen las necesidades de los consumidores, es decir, de todos los ciudadanos", ha afirmado De la Vega.

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio informa de que la nueva Ley "respeta" las competencias de las comunidades autónomas, puesto que el comercio interior es su "competencia exclusiva" y, por tanto, "serán las autonomías las que regulen el procedimiento de autorización para la instalación de establecimientos comerciales".

Posibles sanciones

Así, en los casos en que España pudiera ser sancionada en un procedimiento de infracción europeo cuyo origen esté en la legislación autonómica de comercio, las eventuales sanciones se trasladarán a la comunidad autónoma que corresponda.

Entre las modificaciones más relevantes, el departamento de Miguel Sebastián destaca la eliminación de la obligatoriedad de la licencia comercial -aunque se podrá establecer un régimen de autorización "justificándolo debidamente"-, y la supresión de los criterios económicos, "restrictivos de la competencia".

El único "aspecto relevante" será el impacto medioambiental, urbanístico o sobre el patrimonio histórico-artístico que genere el establecimiento, sin tener en cuenta la superficie o el formato, puesto que se suprime la definición de gran establecimiento comercial, "evitándose con ello un trato discriminatorio desde la legislación estatal a los distintos formatos comerciales".

Las comunidades autónomas establecerán un procedimiento de autorización que integrará todos los trámites necesarios, lo que, según el Ministerio, "supondrá el adelantamiento del inicio la actividad comercial ahorrando costes a los operadores".

La Ley de Comercio Minorista ha sido modificada desde su aprobación hasta en siete ocasiones, con el fin de adecuar su contenido al "constante proceso de globalización de la economía" y a la necesidad de que la regulación en este ámbito se adapte a la realidad de los mercados.

REACCIONES A LA APROBACIÓN DEL NUEVO PROYECTO

Alegría y descontento por la reforma de la Ley del Comercio

• El pequeño y mediano comercio da su visto bueno a la norma
• La OCU y los grandes distribuidores hablan de 'oportunidad perdida'

Una mujer transporta unas bolsas de la cadena de tiendas Primark. | Efe

Agencias

Madrid.- Las reacciones a la nueva Ley de Ordenación del Comercio Minorista no se han hecho esperar; la alegría del pequeño y mediano comercio y de los autonómos contrasta con la disconformidad de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y de los grandes distribuidores.

Estos últimos han manifestado, a través de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), que el proyecto aprobado por el Consejo de Ministros supone haber perdido una oportunidad para introducir una reforma estructural en el sector que permita mejorar la eficiencia e impulsar la inversión y la creación de empleo.

Por el contrario, la Confederación Española de Comercio (CEC) -patronal del pequeño y mediano comercio- se ha mostrado "muy satisfecha" con la normativa a la que se ha llegado porque "mantiene el nivel de atribución competencial entre la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas".

Para el secretario general de la organización, Miguel Ángel Fraile, el marco legal resultante contribuirá a la "cohesión económica, social y territorial, favoreciendo un alto nivel de empleo y progreso".

Autónomos y Consumidores

En la misma línea que CEC, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha dado el visto bueno a la norma aprobada por el Consejo, aunque reclama la puesta en marcha de un plan urgente de reconversión del sector que apueste por el pequeño comercio.

En este sentido, la asociación ha subrayado que los trabajadores autónomos dedicados a esta actividad son mayoritariamente propietarios de un negocio familiar y que su principal necesidad es que se resuelvan de inmediato los problemas de liquidez y morosidad, para lo que es preciso articular medidas fiscales y económicas oportunas.

En cuanto al contenido de la nueva Ley del Comercio, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha explicado que es "especialmente positivo" que las comunidades autónomas sigan concediendo las licencias para la apertura de grandes superficies comerciales, porque esto "ayuda a salvaguardar el equilibrio entre formatos comerciales en cada comunidad".

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) se ha situado en el lado opuesto a los autónomos al considerar que el proyecto de ley, lejos de seguir el camino marcado por la directiva, se aleja de ella preservando un sistema de licencias comerciales con carácter autonómico que suponen barreras de entrada legales a la llegada de nuevos competidores y que contribuyen a crear oligopolios en el área de la distribución.

Para la OCU, la revisión de la norma es "un claro retroceso mediante la consolidación del sistema de licencias comerciales que supone un freno a la implantación de nuevos establecimientos y formatos comerciales". Además, ha señalado que el proyecto no mejora la protección actual que la Ley proporciona a los consumidores en materia de rebajas, promociones o garantías y que es "una oportunidad perdida" para lograr "un mayor nivel de competencia en precios y ofertas" para los usuarios.