Opinión

El control de descargas en la red

por  MARC Carrillo

Recientemente un proyecto de ley francés por el que se favorece la difusión y la protección de la creación en internet, más conocido como la "ley antidescargas", ha sufrido un duro revés ante el Consejo Constitucional, la singular jurisdicción de control previo de constitucionalidad de la ley en Francia, que lo ha declarado contrario a la Constitución.

El tema es importante y no solo en el país galo, sino también en España: la necesidad de regular de alguna forma las descargas de obras que circulan por la red de internet, a fin de proteger con las debidas garantías constitucionales los derechos de propiedad intelectual, es una cuestión que interesa a la industria cultural y a los consumidores de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

La ley promovida por el Gobierno francés, que fruto de ese control previo no había entrado en vigor, atribuía a la Alta Autoridad para la Difusión de Obras y la Protección de Derechos en Internet (Hadopi, sus siglas en francés), una autoridad administrativa independiente, dotada de autonomía orgánica y funcional, la potestad de desconectar de la red a aquellos internautas que persistiesen en descargar archivos protegidos por la legislación de derechos de autor, y del resto del poder sancionador por las infracciones cometidas. La finalidad de la norma no era otra que proteger los derechos de autoría intelectual sobre productos que circulan por la red y que pueden ser objeto de uso fraudulento con finalidades plagiarias o similares.

Pues bien, esta atribución ha sido declarada contraria a la Constitución francesa por parte del Consejo Constitucional, en su reciente Decisión número 2009-580, de 10 de junio, conforme a un razonamiento de especial interés jurídico y social para el debate que al respecto también se suscita en España y que trae causa de algunos principios generales del Estado de Derecho.

Un primer argumento para justificar la inconstitucionalidad de la ley ha sido que al conferir ese poder a una autoridad administrativa, aunque fuese independiente, desconoce el carácter fundamental del derecho a la libertad de expresión y de comunicación. Y, en efecto, es así porque una de las consecuencias de la célebre Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que sigue vigente en Francia, es que la libre comunicación de opinión y pensamiento, en el estado actual de los medios de comunicación y el desarrollo generalizado de la comunicación pública a través de la red, es un derecho cuyo contenido comporta la libertad de acceso a estos servicios. En consecuencia, internet es una plataforma más a través de la cual se ejerce la libertad de expresión y el derecho a comunicar información.

El segundo consiste en que el control del ejercicio de los derechos fundamentales, con efectos para toda la ciudadanía, solamente le corresponde llevarlo a cabo a un poder jurisdiccional y no a una autoridad administrativa como la citada Hadopi. En este sentido, la potestad atribuida a un ente administrativo como este de sancionar, incluso, mediante la desconexión del usuario que accede a internet, supone la introducción de un control preventivo sobre el ejercicio de un derecho fundamental, que le priva del acceso a las comunicaciones emitidas a través de esta plataforma cada vez más habitual en los usos ciudadanos.

Y es evidente que una de las reglas generales básicas del Estado de derecho es que la garantía de los derechos fundamentales y su control jurídico son solo admisibles una vez que han sido ejercidos por la persona y no antes, salvo que excepcionalmente-- un juez lo pueda llegar a autorizar. Pero no a través de una autoridad administrativa, como es el caso previsto en la ley francesa, por muy independiente del Parlamento y del Gobierno que pueda llegar a ser. Puesto que cuando se trata de tomar medidas sancionadoras por uso abusivo de derechos fundamentales como, por ejemplo, descargar de internet una obra protegida por la legislación garante de la propiedad intelectual, la decisión solo puede corresponder al poder del Estado habilitado para ello, que no puede ser otro que el poder judicial. Cuestión distinta es que la Alta Autoridad administrativa, como ente regulador del sector, pueda requerir a los internautas advirtiéndoles de la ilegalidad de descargar el contenido de una obra protegida.

En todo caso, el tercer argumento que utiliza la jurisdicción constitucional francesa es que la carga de la prueba de la ilegalidad de la descarga de una obra protegida corresponde al poder público y no al particular denunciado. Es decir, que la presunción de culpabilidad debe ser acreditada por el Estado y ante un juez, no a la inversa, lo cual es una garantía del derecho a la tutela judicial.

Y un argumento final: es evidente que la lucha contra las descargas ilegales responde a la imperiosa necesidad de proteger la propiedad intelectual y la creación cultural. Ahora bien, la autorización dada a particulares para obtener datos que permitan identificar a los autores de las descargas debe ser proporcionada a la finalidad perseguida, que ha de ser precisamente esa y no otra, pues de lo contrario el derecho a la intimidad del usuario podría quedar lesionado.

El efecto llamada no cesa

Por  PEPA Bueno

Uno de los rasgos que distingue a esta crisis económica global de cualquier otra anterior es su retransmisión por televisión minuto a minuto a todo el planeta. Cada cifra, cada dato, cada imagen de la hecatombe económica que sacude al mundo está en las televisiones de cualquier rincón por remoto que sea a cualquier hora. Hemos contado que está paralizada la producción, que no fluye el crédito, que sube el paro, que no hay trabajo, que no hay trabajo, que no hay trabajo...

Bien, pues parece que nada de eso disuade a las decenas, centenares o miles de personas que, puestas a elegir entre el hambre y la crisis, se quedan con la crisis. Esta semana de buen tiempo y calma chicha en la mar está siendo particularmente dura en la costa española. En pocas horas 54 argelinos llegaban en patera a Murcia, y 38 magrebíes a Almería. Y en Barbate (Cádiz) siguen recuperando cadáveres de una patera estrellada contra las rocas de la costa con no se sabe cuántos desaparecidos. Y esto es lo que sabemos. De los que se quedan en el trayecto, nadie tiene la cuenta.

O sea, que el efecto llamada está allí, en la hambruna permanente, en la sequía, en la crisis crónica, en el expolio histórico. Cuando se realizó en España la última regularización masiva de inmigrantes, hablamos hasta la saciedad del efecto llamada. Parecía que cada africano con dificultades se levantaba por la mañana a consultar el BOE español, y, con él bajo el brazo, planificar el salto del Estrecho. Ya ven, por los mismos canales de televisión salían aquellas noticias que estas otras que hablan de que se acabó la fiesta e incluso de que se incentiva la vuelta de inmigrantes a sus países de origen. Pero debe ser que el hambre es todavía peor.

¿para que sirven las rebajas?

POR  JESUS Comino

Secretario General UGT Córdoba

El comercio representa alrededor de un tercio de la actividad económica de la provincia de Córdoba, con una clara incidencia en el empleo y en el propio desarrollo de la sociedad.

Las rebajas de verano comenzaron el pasado 1 de julio, y pese a ello no parece que vaya a ser una buena temporada para el empleo en este sector, lo que no va a ayudar, en consecuencia, a disminuir la tasa de paro que sufrimos en nuestra provincia, donde 71.909 personas, según los últimos datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración, no tienen empleo.

Las previsiones de nuestro sindicato se están cumpliendo, lo que no podemos más que lamentar. Dijimos que las rebajas no iban a crear empleo este año, aunque fuese temporal, y el vaticinio ha acertado. Lo veremos en las estadísticas del Servicio Andaluz de Empleo sobre el mes de julio.

En junio, el número de desempleados se redujo en la provincia de Córdoba un 0,01 por ciento respecto a mayo, un dato que se centra en la bajada del desempleo en diez personas (sí, diez, no se trata de un error tipográfico).

Para que esta cifra se haya dado, ha incidido la evolución del empleo en el sector servicios, que ha añadido 350 personas a las listas del paro durante junio.

En esta realidad se encuentra inmerso el comercio, que no ha renovado los contratos que han ido venciendo y, lo que es aún peor, si puede haber algo peor en el mercado laboral que el desempleo, no tiene la más mínima pinta de que vaya a cambiar durante el período de rebajas.

Nuestras previsiones apuntan a que el sector del comercio en la provincia de Córdoba no va a generar empleo en las rebajas de verano, ante lo que cabe preguntarse ¿para qué sirven las rebajas?

Pretendo hacer un breve análisis desde la perspectiva sindical, ya que las ventajas para los comerciantes y para los consumidores seguro que quedarán claras en otra parte de esta página.

En principio, la actitud del empresariado del sector ha provocado un aumento del desempleo, ante la decisión de no renovar los contratos que vencen. A esto hay que unir que tampoco va a contribuir el comercio a animar la actividad económica facilitando más empleo, ya que la perspectiva es que no se han realizado contrataciones temporales para la época de rebajas, como probablemente reflejarán los datos de paro de julio.

Seguro que argumentos, o más bien excusas, habrá por parte de la patronal, pero la realidad es que esta predisposición a ahorrarse costes laborales no va a colaborar a regar los famosos "brotes verdes" de José Luis Rodríguez Zapatero. Más bien al contrario, parece como si algo de lejía quisieran pulverizar a los levísimos atisbos de recuperación que demuestran los dos meses de bajada del desempleo en el conjunto de España y los datos esperanzadores que nos llegan desde el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y Estados Unidos.

Estamos ante un período de tiempo en el que el comercio no cambia el guión que se da en otros ámbitos empresariales, contagiado de la tristeza que ha embadurnado la totalidad del ámbito económico.

Esperemos que ese viento de cambio que representa el nuevo liderazgo en Comercio Córdoba sirva para retornar a una situación de generación de riqueza y de empleo, al ser capaces de transmitir confianza sobre un futuro halagüeño y seguridad en sí mismo.

En UGT van a encontrar la mano tendida que siempre tenemos desde nuestra disposición a la concertación y el diálogo, con la idea de que las rebajas beneficien a todos, trabajadores y trabajadoras del comercio incluidos.